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Ley procesal

4 junio 2013

Según adelanta el diario EL PAÍS la nueva redacción del Código Procesal Penal que está en fase de redacción por una comisión de expertos nombrada por el Ministerio de Justicia contempla que los jueces puedan autorizar a la policía para ‘hackear’ móviles y ordenadores en sus investigaciones criminales. La nueva ley procesal prevé por tanto supuestos de “instalación de troyanos en los ordenadores de los investigados para obtener la información que contienen o a la que se puede acceder a través de ellos”. Asimismo, el texto defiende el acceso remoto a “equipos informáticos —lo que incluye tabletas y teléfonos inteligentes— para delitos con penas máximas superiores a tres años, para el cibercrimen y para el terrorismo y el crimen organizado, siempre que el juez justifique la proporcionalidad de la intervención”. Y termina el diario: “Hasta el momento, solo Alemania ha aprobado una regulación similar, aunque solo para casos de terrorismo, ante la invasión de la intimidad que supone”. Desde mi punto de vista, me parece sorprendente la noticia. ¿Cómo es que tardamos 15 años en actualizar nuestra norma jurídica? 15 años que llevamos en esta espiral futurista que es Internet.

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Nuestra legislación debe contemplar situaciones generales, y no podrá particularizar en modelos, técnicas ni modismos, porque la realidad va más deprisa que la ley. Habremos de autorizar al juez a que investigue con todos los medios habidos y por haber, con ‘troyanos’ o con ‘halcones’ si hiciera falta, salvaguardando las debidas garantías legales, también generales, y que el juez sabrá defender del abuso de autoridades o criminales. Y habrá de brindarse al juez toda la información de que disponga el Estado, desde la Agencia Tributaria a los Servicios Sociales.

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En la misma edición, el periódico madrileño informa de una controvertida decisión -cinco votos a favor y cuatro el contra-, por la que el “Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado a favor de que la policía pueda tomar muestras de ADN de personas detenidas por delitos graves sin necesidad de una autorización judicial previa. La sentencia concluye que es es constitucional que los Estados mantengan una base de datos de ADN de los arrestados y equiparan el material genético con las huellas dactilares como método para la identificación de delincuentes”. Habremos de incluirlo también en nuestro texto procesal, pero dentro de 15 años.

Ver: EL PAÍS

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